CÓRDOBA: Malestar por la directiva europea que modificará la concesión de los permisos a los puestos de los mercadillos

Ambulantes en vías de extinción

Los comerciantes muestran su malestar por la directiva europea que modificará la concesión de los permisos a los puestos, que no podrán pasarse de padre a hijos

Por: Angel Robles – Cordoba – 08/02/2010

El comercio los ha rescatado en muchos casos de la marginalidad. Han construido sus familias, sus costumbres y su futuro en un ir y venir por pueblos y plazas, al grito de ofertas de dos por uno y de prendas que se escapan de las manos. Pero una nueva directiva elaborada por la Unión Europea hace que peligre su sustento económico. «Todo se ha debido al capricho de un técnico de Bruselas que no conoce la realidad del comercio de España. Ellos han creado el problema, y ellos tienen que ofrecer la solución», reflexiona Lorenzo Jiménez, el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes Cristianos (AVAC).

En Córdoba capital, el Ayuntamiento ya ha empezado a preparar una ordenanza que modificará de raíz la organización de la venta ambulante y que, a primera vista, le va a abrir un frente con el sector. La normativa, elaborada al amparo de la nueva directiva de servicios de la UE, convierte las actuales licencias -de prórroga anual, pero sin límite de renovación- en permisos de caducidad fija, a los cuatro años o cuando cese la actividad del titular por jubilación o muerte. La práctica hasta ahora era que los permisos pasasen de padres a hijos, convirtiendo los negocios en casi un título hereditario. Basta con visitar un mercadillo para comprobar esta realidad.

El propio Jiménez, que cada martes acude a Ciudad Jardín con su puesto de textiles, lleva 40 años en el negocio: «Mis padres se dedicaban a lo mismo», desvela. Y sus cuatro hijos, con edades comprendidas entre los 28 y los 13 años, ya están forjándose su futuro en el negocio familiar. «Ninguno irá a la Universidad, así que el pan de nuestra familia son los mercadillos. Dependen de todo esto», afirma el portavoz de la AVAC mientras apunta con los dedos los puestos de familiares, conocidos y vecinos que se encuentran en su misma situación. «Hay personas que ya lo están pasando mal por la crisis económica, gente que está perdiendo sus hogares porque no pueden afrontar las letras del furgón o la hipoteca», dice.

Tras cada mostrador, detrás de cada montaña de ropa interior o cachivaches de cocina, aguarda una historia similar a la de Lorenzo Jiménez. Es el caso de Antonio Molina, otro vendedor con plaza en Vista Alegre que se mantiene en la profesión desde 1979. «La aplicación de la directiva europea puede suponer el destrozo de más de 300.000 puestos de trabajo de personas autónomas de un plumazo en toda España. Así que corre peligro la comida de más de dos millones de personas», calcula Molina. Antes de que llegaran las vacaciones de Navidad, este empresario empezó a contactar con políticos de todos los colores para manifestarles el malestar existente en el sector. Y la respuesta fue decepcionante. «Acudimos a una entrevista en la Cámara de Comercio con seis senadores, y ninguno de ellos tenía ni idea de lo que iba a ocurrir con nosotros», dijo.

A pocos metros de su puesto, entre montones de ropa a precios irrisorios, agota sus jornadas laborales Francisco Carrillo, de 51 años. En su caso, la edad supone una barrera extra si tuviera que reciclarse y buscar una profesión sin más cualificación que su experiencia al otro lado del mostrador. «Lo que quieren hacer es desnudar un santo para vestir a otro. No tiene ninguna lógica», lamenta. Con sólo diez años, Francisco empezó su rumbo por plazas y pueblos, y hace 24 años que decidió «legalizarse». «Me han obligado a ser empresario, a darme de alta, a pagar muchísimos impuestos. Han creado un puesto de trabajo que es ficticio, y ahora se lo quieren cargar. Están jugando con nosotros», dice.
 

A sus 38 años, a Manuel Serrano lo amordaza una hipoteca de tres décadas. Su queja es similar: «Me han obligado a ser autónomo y así, poco a poco, he construido una vida. Nos hemos metido en comprar una casa, en un furgón… ¿Cómo pagaremos las letras si nos dejan sin puesto?», se plantea. De su negocio no sólo viven él, su mujer y sus hijos, sino también sus padres, de quienes heredó el negocio. «No he tenido otra forma de vida ni sé hacer otra cosa a pesar de que no se pasa bien y que los ingresos son pequeños. Pero es que no sabemos hacer otra cosa», relata.

Más de 200 vendedores se dan cita cada martes en el mercadillo de Vista Alegre, y cerca de 700 familias comen de la venta ambulante en toda la ciudad. Algunos de ellos tienen plaza en el Sector Sur, como Rafael Escudero. Tiene siete hijos y 17 nietos. Y todos se alimentan de los beneficios de su puesto de ropa. «Llevamos meses que andamos a la pata coja con la crisis económica, pero nos amoldamos a lo que hay. No tenemos más remedio», dice. Cuando era joven, lo intentó en los albañiles. Pero se quedó en paro y recurrió a la venta ambulante. Ahora vive en un piso de protección oficial en el barrio del Guadalquivir y con los beneficios del puesto se alimenta toda su prole y paga los impuestos: «La licencia, el autónomo… Esto es la política contra el pueblo», concluye.

Manuela Cortés crió a sus seis hijos con los beneficios del negocio familiar, y a algunos de sus nietos. «Si ahora me lo quitan, ¿de qué va a vivir mi familia?. ¿Me pongo a pedir?», reflexiona. Su idea es dejarle la licencia a algún familiar, una práctica que la nueva directiva de la Unión Europera corta de raíz. Isabel Bellido, otra vendedora, lanza una propuesta: «Que los funcionarios sorteen sus puestos de trabajo».

Su jornada laboral comienza cada día, siempre que el tiempo lo permite y que no amenaza la tormenta, a las 07:00. A esa hora hay que coger los coches y cargar los enseres y los productos. Hay que montar el puesto… lo demás es esperar a que lleguen los clientes. «Se pueden vender al día alrededor de 40 ó 50 euros. Esto no es ninguna bicoca», advierte la mujer. A las 14:00 -o a las 14:30, si el día se da bien- se da por concluida la jornada. Y, haya sido una temporada buena o mala, cada mes hay que pagar religiosamente los impuestos: 250 euros de cotización por el autónomo, 300 euros por la licencia cada tres meses y 150 euros al trimestre por los módulos del IVA. «A veces las cuentas no salen», dice.

«En el caso de que la Junta de Andalucía ratifique el proyecto de ley, significa que los políticos andaluces están en contra de un sector económico íntegro», concluye Marcos Santiago, abogado de la Fundación Secretariado Gitano. Él no es ajeno al problema: su madre tiene plaza en el Sector Sur y su hermana, en La Ladera. «Si me quitan mi trabajo, me quitan mi futuro», dice tajante Carmen Santiago. Para comprar una furgoneta, pidió un préstamo a Cajasur que tiene que amortizar en siete años. La operación fue avalada con su piso. Así que en el caso de quedarse sin trabajo, su vida caerá como un castillo de naipes: «Todo se lo quedará el banco, la casa, el coche…». Carmen plantea otro problema: la dificultad de acceder al mercado de trabajo con la que se topan muchos gitanos. «Hay quien todavía se fija en el tono de la piel. Todavía hay discriminación», denuncia.

Fuente: eldiadecordoba.es

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