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“En resumen: que ha hablado la ley gitana”. Así explicaba ayer Ángel cómo se solucionó el domingo el más que tenso incidente en las Tres Mil, cuando los chabolistas huidos tras un tiroteo mortal asaltaron sus pisos y la familia del muerto quiso atacarlos. El compromiso de los gitanos viejos del Polígono Sur es mediar con las administraciones para que busquen una solución, y el de los chabolistas es no volver al barrio, como han hecho tres veces, hartos del abandono en el que llevan 79 días.

 

Por increíble que parezca, es la ley gitana la que ha llevado una endeble paz a una situación difícil, mientras Gobierno central, Junta y Ayuntamiento guardan silencio salvo para decir que están trabajando. Ninguno respondió ayer a las preguntas de este periódico sobre la tregua entre los grupos enfrentados. No dijeron si son factibles sus condiciones, que incluyen que ninguna familia vuelva al barrio y por tanto, que si alguna demuestra ser dueña de su piso se le cambie por otro en otro lugar. Ni si mientras se mejorarán las condiciones en las que viven los 300 chabolistas. Consejerías, Delegación del Gobierno de la Junta –que coordina las actuaciones–, Gobierno y Consistorio se lanzan el problema entre sí.

 

Sí tomaron partido los vecinos de las Tres Mil: 21 asociaciones enviaron un manifiesto en el que se oponen “con rotundidad” a su vuelta por “un sinfín de problemas” desde que llegaron hace cinco años. Seis asociaciones de vecinos, tres parroquias y las coordinadoras de educación y salud, entre otros miembros de la plataforma Nosotros también somos Sevilla, reprochan que el Ayuntamiento “metió de manera vergonzante a estas familias en el Polígono” al pagarles 42.000 euros a cada una para que se fueran de otro asentamiento, pese a que “no era bueno ni para estas familias ni para las nuestras”. Añaden que tienen derecho a ser realojadas en otros lugares “con las debidas garantías de justicia y equidad social”. Yaprovechan para exigir “una revisión profunda de las políticas sociales y de trabajo” hacia esas familias, y que en el barrio se acabe “con el tráfico y uso de armas” y con la impunidad que permite conductas antisociales como las amenazas, el absentismo escolar y no pagar los recibos, lo haga quien lo haga.

 

Unos 200 vecinos cortaron el tráfico ayer ante el Comisionado del Polígono Sur para que los chabolistas no vuelvan. “El otro día hice una foto a unos niños jugando al trompo en la plazoleta, de lo raro que me pareció porque antes no podían, con esta gente vendiendo droga y dando problemas”, decía Antonio, apoyado por otros vecinos.

 

Los trabajadores del Comisionado asisten desmoralizados al enrarecimiento de la situación. Temen que sea un mazazo para el Plan Integral que llevan seis años intentando sacar adelante con gran esfuerzo. El Comisionado será el primer sitio que visiten hoy los gitanos que han prometido mediar por los chabolistas, que confiarán en ellos hasta septiembre, pero si entonces no hay solución volverán a los pisos.

 

Pro Derechos Humanos también se pronunció ayer: lamentó que en cinco años no se les haya realojado en viviendas de alquiler diseminadas y con seguimiento social, y añadió que ahora urge atenderlos en las chabolas. Ayer, el Cecop Social repartió por segundo día agua de Emasesa en el poblado y los autobuses de Educación volvieron a llevar a 80 niños al colegio en el que serán evaluados durante esta semana.

 

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